La educación pública como el único ascensor social: más recursos y menos discursos

Hace unos días se acaba de hacer público el informe Pisa correspondiente a diciembre de 2023, la octava edición desde que comenzara a publicarse en el año 2000, siendo la prueba de educación más importante en el mundo.

Para situarnos en contexto, las siglas del programa corresponden a Programme for International Student Assessmenteste, un proyecto de la OCDE, que representa a 30 países miembros comprometidos con la democracia y la economía de mercado para los que constituye un foro único de debate, desarrollo y perfeccionamiento de políticas económicas y sociales.

El objetivo de esta prueba es evaluar la formación de los adolescentes cuando llegan al final de la etapa de enseñanza obligatoria, hacia los 15 o 16 años. Es decir, analiza una una población que se encuentra a punto de iniciar la educación post-secundaria (bachillerato) o que está a punto de integrarse a la vida laboral.

Es importante destacar que el Programa Pisa fue concebido como un recurso para ofrecer información abundante y detallada que permita a los países miembros adoptar las decisiones y políticas públicas necesarias para mejorar los niveles educativos.

La evaluación cubre las áreas de lectura, matemáticas y competencia científica y es interesante observar los sesgos de género.

Los exámenes se realizan cada tres años, y el proceso de evaluación no requiere otra cosa que papel y lápiz y cada estudiante cuenta con dos horas para responderlo.

Resultados Informe Pisa diciembre de 2023

Este año el informe era enormemente esperado, ya que se trataba de la primera prueba a realizar después del confinamiento debido a la pandemia del Covid.

Se puede observar cómo esta crisis sanitaria ha afectado enormemente a la educación y acentuado las diferencias debidas a las desigualdades económicas.

El descenso global en los países de la OCDE ha sido de 17 puntos en matemáticas, 11 en compresión lectora y 4 en Ciencias. Este descenso se ha visto acentuado en Europa (20 puntos en matemáticas, 14 en compresión lectora y 6 en ciencias, pero afortunadamente en España nuestros estudiantes han bajado 8 puntos en matemáticas (se había bajado mucho en la edición anterior, estado ahora en 473), tres en compresión lectora (ahora con 474 puntos) y han subido 2 en ciencias, (quedando en 485).

Me da mucha pena ver como cada vez que se publican estos informes la clase política se llena la boca de discursos cargados de supuesta preocupación cuando el objetivo real siempre es el mismo: cargar responsabilidades contra la oposición.

En cada cambio de gobierno se hacen reformas educativas, que ya llevamos unas cuantas en España, las cuales perpetúan un modelo de escuela burocratizada y mecanicista que carga de responsabilidades al profesorado pero poco reflexiona sobre cuál es el origen del problema y cómo solucionarlo.

Últimamente son aún más preocupantes los discursos de odio que incluso culpan a los movimientos migratorios de la bajada del nivel académico de los estudiantes.

Dejando a un lado todo tipo de oportunismos y luchas, estamos ante un momento excepcional para reivindicar más que nunca la escuela pública, el único ascensor social de que disponen nuestros jóvenes para intentar progresar cuando no están en la mejor situación.

Recordemos que la educación es uno de los derechos fundamentales, habilitante además de otros muchos derechos.

¿Qué otra institución podría protegerles y facilitarles el acceso a un futuro mejor?

A pesar de que la nueva Ley de Educación LOMLOE (también conocida como Ley Celaá) procura blindar derechos esenciales y reconstruir una equidad rota por los embates de un virus, sigue existiendo una gran brecha educativa y esto tenemos que cambiarlo cuanto antes.

• El 25% de los estudiantes con más recursos obtiene casi 86 puntos más en matemáticas con respecto al 25% más desfavorecido.
• Los alumnos con padres que no pudieron terminar secundaria son mucho más propensos al fracaso y abandono escolar.
• La caída de puntos en esta edición del informe es mucho más acusada entre los alumnos con menos recursos, ya que no tuvieron tantas posibilidades de desenvolverse de forma autónoma con éxito durante el confinamiento.

¿Quién se encarga de acortar estas distancias si no es la escuela pública?

El propio informe achaca la brecha a factores como el barrio en el que se vive, el nivel de estudios que pudieron permitirse sus progenitores o la profesión de estos. En ningún momento se refiere a diferencia de calidad educativa.

Qué importante sería seguir defendiendo lo que es de todos, lo que nos hace iguales, lo que permite que todos tengamos acceso a formación, cultura y futuro. Y más ahora, cuando en ciertos lugares pretende suprimirse.

Si pese a tener un sistema de garantías públicas, sigue sin existir una igualdad de oportunidades real, lo lógico es pelear por conseguirla, pero no cortar de raíz lo único que puede facilitarla.

¿Cómo luchar para mejorar la escuela pública?

Con más recursos y menos discursos.

Desde hace casi una década (desde 2014) se viene observando un aumento de transferencias de las Administraciones educativas de nuestro país a centros privados y concertados, tal y como reflejan los datos del Sistema Estatal de Indicadores de la Educación (SEIE). Así, mientras que el gasto público por estudiante en centros públicos en la enseñanza no universitaria creció en 10 años (de 2008 a 2018) un 14,1%, las transferencias a la enseñanza privada en ese mismo intervalo crecieron un 17%; lo cual presenta un caldo de cultivo que perpetúa las brechas estructurales.

España es uno de los países de Europa con más conciertos educativos (algo más de uno de cada cuatro estudiantes están escolarizados en un centro concertado) según datos del Consejo Escolar del Estado a partir de cifras de Eurostat; y también con una mayor segregación escolar por nivel socioeconómico según demuestra el estudio que llevaron a cabo Francisco Javier Murillo y Cynthia Martínez-Garrido en 2018. Esta situación es alarmante en regiones como la Comunidad de Madrid, País Vasco o Navarra.

El año pasado leía un artículo de prensa de Albano de Alonso Paz, un profesor y director del instituto público San Benito de Tenerife, en el que explicaba que “la tesis del desmantelamiento de la educación pública en nuestro país va más allá de una queja poco razonada, y se cimienta en cifras alarmantes que se reflejan en el día a día de colegios e institutos: desde el estado de las instalaciones hasta la dotación de recursos humanos“, según sus propias palabras.

La LOMLOE tiene una especial sensibilidad por defender los derechos de la infancia, la inclusión y el alumnado más vulnerable, pero por mucho que diga la legislación poco pueden hacer los docentes por cumplir sus objetivos si no existe una partida presupuestaria detrás que asegure una mínima dotación de recursos humanos y materiales.

En los cursos que imparto en los centros de formación del profesorado me encuentro con maestros con una gran vocación que se enfrentan cada día a realidades sobrepasadas por una enorme crisis social, económica y psicológica (y no me refiero solo a aquellos que trabajan en los CRAEs o cuyo día a día transcurre en centros de difícil desempeño).

La Educación como ascensor social

Creo que no es necesario recordar que la educación es uno de los pilares principales del estado del bienestar, al igual que la sanidad, de la que hemos estado orgullosos en nuestro país y que también se está privatizando a pasos agigantados.

No es casual que tanto docentes como personal sanitario sean de los colectivos profesionales con mayores índices de Burnout o agotamiento psicológico por el trabajo.

Quizá aquellos a los que se les asigna la responsabilidad de redactar las legislaciones deberían acercarse a escuchar a los que están en primera línea de las trincheras y no tanto a las fotografías de turno en foros y congresos.

Si bien el currículo ofrece la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas, el estudio del mismo nos ayuda a ubicarnos en el contexto político y social, así como la importancia que le da el país a la educación (especialmente a la etapa de infantil).

Una realidad cada vez más rica en diversidad puede llegar a convertirse en un eje transformador e incluso en un elemento distinguidor y ejemplar, pero para ello hay que asegurar que las regulaciones se acompañan de una asignación coherente de recursos humanos y materiales. Esto es, una formación continua y de calidad que no de por supuesto que ahora todos los maestros tienen formación en educación especial, herramientas y estrategias para atender correctamente a cada niño y cada niña, y no solo en digitalización u otros asuntos tan de moda en los últimos años.

Que alguien vele porque no se gaste solo en pantallas digitales que ahora resulta que quizá se vayan a desmantelar como ya se está haciendo en países del norte de Europa, que se evalúen correctamente las inversiones y que no se sigan encontrando casos de docentes que me comentan que no hacen asamblea por la cantidad de suciedad que tienen los suelos de sus aulas.

Es difícil cumplir una ley que defiende la inclusión real en un país que se encuentra entre los que tiene menos personal de apoyo por número de docentes de la OCDE, o unos ratios que convierten el día a día de una de las profesiones más vocacionales en pura supervivencia.

Ojalá vayamos dando a la Educación el lugar que se merece, así como a nuestros niños y niñas.

Ojalá se luche por acciones como el Programa para la Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo (Proa+) o las Unidades de Acompañamiento y Orientación personal y familiar del alumnado educativamente vulnerable (UAO), las cuales llegaron de los fondos europeos de recuperación por la covid y tienen un enfoque estupendo.

Ojalá nos demos cuenta de la Importancia de invertir en Educación sin que tenga que llegar otra pandemia ni otro informe Pisa ni otra campaña electoral.

Ojalá que todo esto pase antes de que nuestros hijos se hayan quedado sin docentes y sin vocación.

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